La llamada fórmula Otero, en materia de amparo, podría desaparecer de darse importantes y trascendentes reformas a la Ley de Amparo, misma que explicita que la protección de la justicia federal, sólo beneficia a quien la invoca en cuestión de una violación a los preceptos constitucionales. De darse esta reforma, México daría un gigantesco paso en cuestiones jurídicas, pues en la actualidad, muchas son las leyes anti e inconstitucionales que se aprueban en los Estados y que vulneran la Constitución misma y que solamente el ciudadano que pide la protección de la justicia federal la obtiene pero esa regla podría darse de forma generalizada y con ello acabar con tantos preceptos legales de leyes secundarias que contrarían nuestra Carta Magna. Dentro de otros preceptos también se busca entre los avances más relevantes el que se incorpore la procedencia del amparo, respecto a violaciones de derechos humanos -de segunda y tercera generación- contenidos en tratados internacionales; esto realmente sería lo más trascendente en todo América, puesto que en reiteradas ocasiones, el quejoso no siempre alcanza ese beneficio legal debido a sus escasos recursos o simplemente porque no cuenta con el apoyo de organizaciones o amigos que puedan litigar a su favor. El proyecto que preparan los legisladores dice: “Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas. Es decir, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general”. Claro que en algunas cortes europeas, existen las salas constitucionales que son las que se abocan exclusivamente para ello y aunque en algunos Estados del país, ya existen estas salas, no tienen actividad sobre la materia específica debido a que ni los abogados ni los funcionarios les preocupa hacerla valer. El proyecto de ley expresa: que el amparo procederá ya no como en la actualidad de que debe haber un interés jurídico agraviado, "sino cuando sea el interés legítimo, lo que amplia muchísimo la esfera jurídica de las personas". Se destacó también que se crearan al interior del Poder Judicial Federal los plenos de circuito para que los presidentes de los plenos, de los tribunales colegiados de un mismo circuito resuelvan entre sí las contradicciones de tesis que se presenten, lo que permitirá descargar trabajo a la Corte. Este punto es muy importante, pues ya no habrá la SCJN resolver estos asuntos que son realmente tardados en reiteradas ocasiones y hacen tedioso el proceso o procedimiento. Si otra cosa no sucede, será para el lunes próximo cuando los abogados tengamos ya esas reformas muy destacadas, será un gran salto en materia de amparo que colocará a México dentro de los pioneros en ese rubro que se había rezagado de forma lastimera a favor de la protección de las garantías individuales y en materia de controversias y contradicciones de tesis.

Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, al rendir su informe de labores al frente del máximo tribunal mexicano, dijo al presidente Felipe Calderón que de los 11 ministros solo cuatro son los que emanan del poder judicial y aunque no lo dijo, pero se sobre entiende que ya basta de recomendados, de arribistas, con ineptitud plena, con desconocimiento de la técnica jurídica, del manejo de asuntos tan delicados y trascendentes en la vida jurídica de nuestro país. A juicio de muchos grupos sociales, es el poder judicial donde radica la mínima corrupción, el mayo trabajo y esfuerzo por sacar a México del marasmo en que se encuentra. Los tribunales Federales en México, podría decirse que tienen todavía un grado de confiabilidad hacia la sociedad y es pues donde se dilucidan las cuestiones más ásperas del ser humano, sobre todo porque se trata de la libertad y la justicia. Asimismo puede considerarse que Guillermo Ortiz Mayagoitia, tiene toda la razón al pedir al presidente Calderón, que también los de casa sean tomados en cuenta al momento de seleccionar a los ministros, pues al final de cuentas, son los que tienen carrera judicial, son trabajadores con mucha experiencia en ese ramo y no es justo que un improvisado y arribista llegue a ocupar esos cargos donde todo abogado le gustaría llegar, pero desgraciadamente a ellos se llega por amiguismo, por compadrazgos y otras cosas, pues hay que recorar que es facultad del presidente de México proponer una terna ante el Congreso de la Unión para que se voten pero es allí donde desgraciadamente, uno ya está palomeado y los otros solamente sirven de comparsa para despistar al recomendado. Yo siento que para llegar a ese cargo, debería haber una excelente y rigurosa selección de conocimientos que debería ser sancionado por el mismo poder judicial y no por el legislativo, puesto que entre gitanos no se puede uno leer la mano y sabemos de antemano, quien de los abogados sabe y quien únicamente es recomendado y esa medida debería hacer ya, y también para los tribunales superiores de la entidad y del distrito federal a manera de que en el aparato judicial, no hayan improvisaciones que en reiteradas ocasiones, van a dar al traste con todo lo que se hace de inicio.

Luciano Hernández Vázquez, demandó ayer del gobierno del Estado, iniciar una profunda investigación en contra de Miguel Ángel Zúñiga Gómez, quien autonombrándose líder de la organización SOCAMA VERDE, viene sorprendiendo a las autoridades del gobierno del Estado haciéndolos creer que realizará algunos proyectos productivos, pero que cuando se los aprueban, los fondos que supuestamente son para los campesinos, él se los apodera. El declarante, dijo ayer a los diversos medios de comunicación locales, que hace unos meses, el denunciado aprovechándose del cargo que se agenció, consiguió que del gobierno de Chiapas le facilitaran una suma de cinco millones de pesos para realizar proyectos productivos en diversas partes de la entidad, pero que a los campesinos únicamente les repartió el 50% y el resto se lo apropió. Asimismo dice el denunciante que en las pasadas elecciones buscó afanosamente un puesto de elección popular (diputado) con el que pretende esconder su rapiña, por lo que los campesinos afectados, piden al gobierno del Estado iniciar las investigaciones y levantarle cargos en su contra por el delito de hurto y fraude maquinado en perjuicio del gobierno del Estado y de los campesinos.