El gobernador de Chihuahua, César Duarte, al ser entrevistado por los medio de comunicación determinó una frase que realmente debe ser analizada, porque el señor, habló en lo general al precisar: El Poder Judicial no Puede Ser Intocable” y realmente cuando dice que el poder judicial no es intocable, me atrevería a responderle que está en un error, pues el poder judicial es intocable, los que no son intocables son sus miembros. Pidió que los tres jueces que ofrecieron condena absolutoria a Sergio Barraza tras ser acusados del presunto asesinato de Rubí Marisol Frayre Escobedo, sean retirados y desaforados de su cargo, para que deslinden responsabilidades en su contra. Aquí realmente hay que empezar por analizar de cómo está integrada la averiguación previa por parte de los agentes del ministerio público de la Procuraduría de Justicia que él comanda. Luego se contradice y afirma que tratará de aportar todos los elementos de prueba que soportan el delito por el que es acusado Sergio Barraza a quién sindican como autor material del delito de homicidio. Aquí yo siento que César Duarte desconoce el procedimiento judicial ya que la mayor parte de los jueces se basan en los elementos que le aporten los ministerios públicos para dictar sentencia y si una vez con todos ellos han fallas notorias en la sentencia del juez, quedan todavía otros recursos como el amparo y por encima de {estos se encuentran los tribunales colegiados e incluso, la misma Suprema Corte. No es posible y debe admitirse que la justicia de aplique en componendas políticas ni tampoco por los sentimientos de amiguismos, por lo que es recomendable que César Duarte y su cuerpo de asesores jurídicos empiecen a hacer su trabajo basados en el proceso legal y apegándose a las técnicas legales que deben aplicar.

Polidoro Ovando Roque, comisariado ejidal de Villamorelos municipio de Cintalapa, fue acusado ayer ante el gobernador del Estado y ante la Secretaría de la Reforma Agraria de estar utilizando el cargo y la representación de los ejidatarios para enriquecerse deshonestamente. El 3 de agosto de este año, el comisariado ejidal, mañosamente y en contubernio con el presidente municipal de Cintalapa, crearon una cooperativa denominada “Los 10 de Villamorelos”, en donde solicitan al gobernador tres concesiones para el servicio colectivo, argumentando que las unidades que hacen el servicio de esa comunidad hacia la cabecera municipal de Cintalapa, son totalmente insuficientes, pero que mañosamente el comisariado excluyó a varios de los 10 para quedarse él y otros con las concesiones que, según los campesinos, están a punto de salir. De los 10 que incluyeron en el acta constitutiva del grupo, el comisariado encabeza los beneficiados y los demás que dejara son Elair Hernández Padilla, Melquiades Gálvez Pérez, Javier Gálvez Ramírez y Manuel de Jesús Gálvez Ramírez. El comisariado ejidal, al parecer termina su periodo en este mes pero los ejidatarios se oponen a que se les entreguen las concesiones debido a que el ejido posee una cooperativa que es autosuficiente y que vendría a afectarlos. Además porque Polidoro Ovando, se ha caracterizado por uno de los comisariados ejidales más rateros que denigran a los comisariados ejidales, pues en su haber de píllerías lleva haberse apropiado, junto con el alcalde de Cintalapa, la cantidad de dos millones de pesos que servirían para poder construir el drenaje de Villamorelos, los créditos de pollitas ponedoras, los fondos de un proyecto de cultivo de té de limón entre otros. Pidieron al gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, suspenderle las concesiones que le otorgará a las personas mencionadas, debido a que el comisariado ejidal y su pandilla, han sido beneficiados de todos los fondos que se han aportado al ejido. También demandan a la Secretaría de la Reforma Agraria, iniciarles una investigación sobre el mal uso de sus funciones para que en su caso, se deslinden responsabilidades penales.

 

El tal para cual, salió una camada de diputados ineptos y entró otra que posiblemente sea más de los mismo. Según datos que obran en manos de este reportero, son aproximadamente 100 alcaldes de Chiapas que se encuentran operando con números rojos, no saben qué hicieron con el dinero y no pueden comprobar, muchos con cantidades millonarias y algunos con cantidades que superan los 500 mil pesos. Se estima que cada uno de los alcaldes logró adquirir una casa durante su trienio que está por terminar, otros adquirieron lujosos ranchos, adquirieron lujosas casa en esta ciudad capitalina y como si fuera poco, ahora muchos de los que no conocían ni sabían el uso de tarjetas bancarias ya posean una y chequeras que obviamente, allí supuestamente reposan buenas cantidades que fueron ilícitamente tomadas de los erarios municipales y que hasta la fecha, ninguna legislatura se ha preocupado por meter en cintura a esos ediles que realmente buscan cargos para hacerse de riqueza mal habida pero bien tolerada por las mismas autoridades. Cabría preguntarse, dónde están las autoridades de la Oficina de Contraloría Superior del Congreso de Chiapas? Dónde está la Secretaría de la Función Pública y otras que únicamente sirven para presionar a todos aquellos que no sirven a los nefastos intereses de los gobiernos y políticos en turno. Lamentablemente Chiapas, ha sido la caja chica de fuereños, de pocos y extraños que extraen los fondos, que son para las obras publicas, para su muy personal beneficio.