LA MASACRE DE ACTEAL; QUEDARÁ EN TOTAL IMPUNIDAD, IMPOSIBLE DESCOBIJAR.
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) amparó a inocentes indígenas que estaban privados de su libertad injustamente por instrucciones del gobierno de Zedillo y la pandilla que encabezaba en Chiapas Julio César Ruiz Ferro, la peor canallada o porquería que ennegrece más aún el quehacer de la PGR, no debe quedar impune. Es cierto que a los indígenas en Chiapas y en todo México, no se les castiga por delincuentes sino por ser pobres, por ser indígenas y por no hablar el español y sobre todo, por defender sus derechos y su patrimonio de los cacicazgos que gozan de toda protección de los gobiernos en turno, como sucedió aquel miércoles 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, del Estado de Guerrero, cuando agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado emboscaron y masacraron a 17 campesinos que se dirigían a vender sus productos y que nunca fue sancionado el gobernador de aquella entidad y lo mismo ocurrirá con la masacre de Acteal, Chenaló ocurrida en 22 de diciembre de 1997. Muy a pesar que el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, asegura que “eran otros tiempos” cuando se cometió la injusticia y la masacre de Acteal, pero los sicarios oficiales, siguen estando dentro del sistema policíaco, los jueces que suciamente condenaron a los indígenas a 40 años, deberían inhabilitarlos de por vida por corruptos, por ineptos, por ensuciar con estiércol esa profesión tan sagrada que es la de impartir y procurar justicia, pero justicia en la extensión de la palabra; los ministerios públicos que se prestaron a levantar cargos contra esos indígenas que únicamente pelaban los ojos porque no entendían que se les decía y menos de lo que se les acusaba. Es triste ser pobre en un Estado como el nuestro, el Estado Mexicano, donde da asco y pavor decirse juez, magistrado o ministerio publico y más abominante es llamarse policía. Sin embargo y se observó con cierta tristeza que uno de los dos ministros chiapanecos que conforman la SCJN, concretamente Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla, aun con todos los notorios, despreciables y horrendos horrores de los que florecían con letras grandotas en el expediente penal, el mal dicho paisano les niega la protección de la justicia federal y por ende el amparo a indígenas inocentes y que gracias a los oficios, esos sí, bastante profesionales de la ministra Olga Sánchez Cordero, también chiapaneca egresada de la escuela de leyes de la UNACH, no titubeó en otorgarles el amparo y protección de la justicia Federal, pero sobre todo, porque la destacada profesional del derecho a parte de tener un largo colmillo sobre la jurisprudencia, conoce del caso a ciencia cierta, no así a Don Sergio Valls que se desconocen los atributos para haber llegado a ese altísimo cargo que cientos de miles de abogados anhelaran tener, o al menos, eso dicen los mismos ministros o magistrados y hasta jueces del poder judicial federal. Como dijera el titular del poder judicial del Estado, “ahora tocará a la PGR y la CNDH investigar o profundizar sobre los hechos”. Yo diría, que de la Comisión de los Derechos Humanos, que nada tiene de humanos y menos de derechos, porque solamente ha sido un trampolín del gobierno para servir a sus sucios intereses, no podemos esperar nada y sobre todo cuando esa “institución”, como para acabarla de amolar, sus recomendaciones son solamente eso: recomendaciones de las que quién quiere las acata y las que no, solamente no, y que el papel en que va inscrita esa recomendación solamente sirve para el cesto de basura en el excusado y además, las recomendaciones no tienen una piscacha de fuerza coercitiva y en muchos casos, dependiendo de su titular, no tienen ni siquiera peso moral y menos fuerza social, así es que si espera el titular del poder judicial que esa institución coadyuve en las tareas de investigación sobre el caso Acteal esta como esperar que Calderón deje ricos a todos los mexicanos, pues a mi juicio no tiene caso investigar sobre el particular porque ya se sabe quienes son los actores y autores intelectuales y materiales. Otra de las preguntas es ¿quién les restituirá lo poco o mucho que los indígenas dejaron de percibir durante los casi 12 años que los encerró el mismo gobierno federal de manera injusta?, desafortunadamente en México, todavía nuestra ley no hace responsable al Estado en caso de errores e injusticias y tampoco hace responsable a los que premeditadamente actuaron como si fueran verdugos oficiales, abusando que sobre ellos pesa un cargo y que poseen un título y una cédula profesional que malamente los acredita como licenciado en “derecho” . Siento que de estos precedentes debe sentarse jurisprudencia, a falta de una ley, para que todo aquel profesionista que a sabiendas que está violentando los principios de su profesión, los de la ley misma, debe cancelársele su cédula profesional y suspenderlo en el ejercicio de sus aptitudes profesionales, como en el caso de los ministerios públicos, jueces y magistrados que cometieron toda violación procesal, dolosa y maquinada en contra de los indígenas, pues solamente así se evitará que profesionistas se confabulen y en amasiato con los gustos de los tlatoanis en turno, tuerzan las leyes para beneficiar al jefe.

OTRA VEZ EL TRANSPORTE; LIBÉRELO SEÑOR GOBERNADOR
Yo pienso que son muy pocos los que han tenido la oportunidad de leer alguna parte o el total de artículos en que está compuesta la Ley de Transportes del Estado de Chiapas que entró en vigor el 24 junio de 1998 y publicada en el Periódico Oficial del Estado, siendo gobernador ROBERTO ALBORES GUILLEN. Esa pobre ley no sirve para nada, los transportistas la pisotean, se pitorrean en ella, nadie pues sabe su contenido y creo que ni las mismas autoridades y eso hace que el otorgamiento de las concesiones sea o halla sido un verdadero relajo. Los transportistas no tienen el mínimo escrúpulo para hacer de la concesión un verdadero negocio, pues hasta en los periódicos se ofertan las concesiones a precios que oscilan entre los 300 mil pesos o 600 mil según la necesidad del concesionario que necesita venderla y sin embargo, la ley que cité prohíbe vender esa concesión ya que es de exclusiva potestad del Estado retirarlas u otorgarlas discrecionalmente cuando no cumplan con los requisitos o pactos que en la ley se establecen. Siempre he sostenido que el otorgamiento de las concesiones debe liberarse en Chiapas y con ello, el gobierno tendría excelentes entradas de recursos vía impuestos y además, se liberaría de severos problemas que se le han presentado y que han provocado la disgregación y relego del pueblo hacia el gobierno, pero mañana seguiré haciendo análisis sobre la susodicha ley.

UN CHISTE DE DIVORCIO, SOLO PARA DIVORCIADOS
Una pareja de esposos que no se soportan deciden divorciarse y acuden con el juez para que los separe.
El magistrado pregunta las razones de la separación; después de escucharlas está de acuerdo con los argumentos, pero les advierte que lo único que falta por establecer, es quién se quedará con la custodia del nene y le pide a la mujer que hable: "Señor juez, mire, déjeme decirle que no veo por qué usted me pueda quitar a mi nene, si fui yo quien lo tuvo en el vientre durante nueve meses. Luego de eso lo amamante; después lo crié porque su padre es un irresponsable, que creo nunca lo quiso".
Luego de ese discurso, el magistrado le dice al padre que hable: "Señor juez, para no dar tanto discurso como esa mujer, se la voy a poner fácil: Si usted quiere adquirir un refresco en una máquina, le mete las monedas para que ésta le dé la bebida.
Entonces, si usted introdujo las monedas, ¿de quién es el refresco, suyo o de la máquina?"
Gracias y mañana nos chatearemos. Bye.