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EDGAR DE LEÓN, EL
MEJOR DIRECTOR QUE HA TENIDO EL COBACH
PEÑA NIETO DIFUNDE SU
PLAN SEXENAL DE TRABAJO A EUROPEOS; ¿Y LOS MEXICANOS QUÉ?

LAS CASETAS
TELEFONICAS OBSTRUYEN CALLES Y AVENIDAS DE CIUDADES MEXICANAS

EL
ADULTERIO; DELITO FALLECIDO ACERTADAMENTE

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AFIRMA MA. ELENA ORANTES EN FORO , QUE LAS MUJERES IMPULSAN ACCIONES DE CAMBIO REAL, EN LOS DISTINTOS ESPACIOS POLÍTICOS.
La Secretaría General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, realizó en la capital del país, el Foro: “Mujeres Políticas en Movimiento”, en el marco del 59 aniversario del Sufragio Femenino en México. Ahí, María Elena Orantes, afirmó que las mujeres somos protagonistas de un México con rumbo y destino diferente, donde ahora tienen nombre y apellido en la lucha por la democracia en el país.
Al dar la bienvenida al evento la licenciada Carmen Ojesto, dirigente del Movimiento de Mujeres de esa organización se congratuló por la nutrida asistencia, asimismo hizo un recorrido histórico de la lucha por el derecho de las mujeres al sufragio e indicó el interés de las mujeres por participar en la vida política del país.
En su intervención, la maestra Orantes explicó la importancia de que las mujeres tengan representación en el Congreso pues, dijo, pueden impulsar las reformas con corazón, sentimiento, mano firme, talento y responsabilidad sin sesgos de sexismo. “Las mujeres estamos mejor que nunca y pueden tener garantía plena de que sus derechos están representados en Movimiento Ciudadano” aseguró María Elena Orantes.
Al hacer un breve recorrido por la labor de las mujeres en la historia política del país hizo un amplio reconocimiento a aquéllas que –dijo- abrieron la brecha, pues lucharon desde la Revolución, por los principios de libertad y justicia que hoy han contribuido a la transformación de México. Reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano para que las mujeres mantengan su participación en los procesos electorales como candidatas,“sabemos que hay cuadros con talento y nos congratulamos de que hoy podemos votar y ser votadas”, agregó María Elena Orantes.
Movimiento Ciudadano tiene una nueva visión y espíritu de lucha, “las mujeres en movimiento estamos atentas a la demanda de las ciudadanas, nos estamos representando unas a otras, trabajamos por hacer que la mujer crea en el enorme potencial que representamos unidas. No somos mártires, ni víctimas, luchamos por justicia y equidad”, concluyó.
En su ponencia la diputada Aída Fabiola Valencia, Secretaria de la zona sur-sureste de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, se refirió a las diferencias entre la calidad de vida de las mujeres en las zonas rurales y de las mujeres en las zonas urbanas.
La diputada Valencia lamentó finalmente que hoy en día aún existen muchas complicaciones para que las mujeres en las comunidades indígenas sufran de injusticias a causa de sus usos y costumbres, no obstante, añadió, los pactos que se han firmado. “Los acuerdos no deben quedarse en el papel”, aseguró.
En su participación la diputada Nelly Vargas Pérez, reconoció que tiene un gran compromiso y responsabilidad con los ciudadanos en reintegro, indicó, de la confianza que le otorgaron con su voto y que la llevaron al escaño que hoy ocupa.
Al referirse a la reciente Reforma Laboral, aprobada en el Congreso, se mostró avergonzada por sus compañeras de curul de otros partidos pues indicó que con 184 mujeres que conforman la Cámara de Diputados no se logró un beneficio para las mujeres trabajadoras, todo lo contrario, dijo, no logramos defender sus derechos laborales.
Expresó asimismo la diputada Vargas su profunda preocupación por el clima de violencia que se vive en el país y finalmente aseguró que en el movimiento de mujeres de Movimiento Ciudadano se estarán impulsando reformas que beneficien a las mujeres de nuestro país.
Al concluir el foro el licenciado Dante Delgado, coordinador nacional de la Comisión Operativa Nacional tuvo una breve participación y se sumó con entusiasmo a la propuesta de que las mujeres sigan participando en el ejercicio de la vida política del país. “En Movimiento Ciudadano tendrán una participación creciente en igualdad de condiciones sin distinción de género”, afirmó.
Acompañaron a la Maestra Orantes en el presídium las licenciadas Carmen Ojesto, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres; Martha Tagle, Secretaria de Organizaciones Sectoriales de nuestro instituto político; María Cruz García, Coordinadora de la Comisión Operativa de Hidalgo; las Diputadas Federales Aída Fabiola Valencia, Nelly Vargas Pérez, Luisa María Alcalde y Martha Beatriz Córdoba; así como la diputada local de la Asamblea Legislativa del D.F., Bertha Cardona; entre otras destacadas mujeres líderes de organizaciones civiles y de la Comisión Operativa Nacional.
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(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 17 de octubre de 2012
En semanas pasadas apunté en este espacio la pertinencia y oportunidad de que Enrique Peña Nieto privilegiara la transparencia como una iniciativa inicial. Hoy, el texto de su proyecto de iniciativa contiene una serie de pasos dirigidos a mutilar los avances que se han alcanzado. Veamos por qué.
Primero. Es natural que la transparencia venda, y bien, de cara a la opinión pública y de la sociedad política. Todo mundo coincide en el qué. Lo más importante, empero, es el cómo. El proyecto de iniciativa de EPN en la materia carece de un hilo conductor sólido entre la exposición de motivos y el contenido de la propuesta de reforma. Dice defender el federalismo para justificar el centralismo. Resalta el lugar común y la retórica sobre los argumentos técnico-jurídicos. Propone modificar el artículo 6º constitucional, estableciendo de entrada en su apartado b): “El Estado contará con un organismo especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales…”. Los asesores de EPN no saben diferenciar los conceptos de órgano y organismo. El primero generalmente tiene mayores espacios de independencia, mientras que el segundo existe en función de una secretaría que coordina un sector. Al mismo tiempo, la propuesta echa por la borda a los órganos garantes previstos en el constitucionalismo local.
Agrega que: “El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la ley”.
Esta propuesta admite varias lecturas, todas ellas ajenas al interés público: a) Control político sobre lo que es público y aquello que no lo es. No hay mejora alguna del sistema actual; antes bien, genera tres instancias posibles para ejercer el derecho a saber, recurso de revisión de órganos garantes de las entidades federativas o de los Poderes de la Unión, recurso ante el IFAI y el amparo. Se garantiza que, en el mejor de los casos, para el acceso a la información se pase de 90 días promedio a 120, lo que constriñe el derecho a saber; b) No hay justificación que permita un mínimo de razonabilidad en el proyecto porque se propone un sistema idéntico de diseño institucional que el que se busca reemplazar. ¿Cómo se puede argumentar que trasladando la decisión de qué es público y qué no lo es de la periferia al centro es mejor per se? Por sentido común, una reforma debe implicar pasar de A a B, no de A a A.
Segundo. El proyecto propone eliminar el principio de definitividad que se encuentra en la ley federal, en disposiciones constitucionales y en el criterio reiterado de la SCJN, aunque disfraza mal su propósito: “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del gobierno o los presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”.
Esa redacción deja en la indefensión a la sociedad, por las razones siguientes: elimina la definitividad al establecer el principio y al mismo tiempo sus excepciones. Hoy no hay excepción alguna. E introduce conceptos jurídicos indeterminados, como “seguridad nacional”, “alta probabilidad”, etcétera. Lo anterior significa que el derecho a saber esté sujeto a una interpretación casuística. Se pretende que el artículo 6º constitucional establezca: “El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría…”.
La propuesta no tiene asideros doctrinales que la justifiquen, toda vez que: a) Lo que hace es trasladar el poder de decisión del derecho a saber de la periferia al centro, sin garantía alguna; b) Se propone consolidar la injerencia del presidente de la República a costa de la influencia de los gobiernos locales. Esa búsqueda de recuperar espacios del presidente, en este caso, lastima el derecho a saber de los gobernados, y c) La conformación del “organismo” garante con siete comisionados en lugar de cinco, como está actualmente conformado, no tiene explicación, justificación o defensa de idoneidad en la exposición de motivos, aparte de que la cantidad jamás ha sido sinónimo de calidad.
Tercero. No hay duda de que el camino a la transparencia tiene grandes oportunidades de mejora, pero no es con un salto al pasado como se pueden aprovechar. En el nivel primario de la ciencia se encuentra lo que se denomina “ocurrencia”, que el diccionario de la RAE define como “idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación”; y es eso lo que presenta EPN como primicia de su tónica de gobierno: recuperar espacios perdidos, en este caso a costa del derecho a saber.
Mi propuesta de contenido es, por el contrario, la siguiente: a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia.
Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. O, en todo caso, otórguese esta atribución al PJF con jueces de derecho, especializados, independientes, que retomen el principio de amigabilidad del derecho. Sería gravísimo que ese proyecto se apruebe en sus términos porque antepone la ventaja política sobre las instituciones, el afán de poder de EPN sobre el derecho a saber que se ha ganado en México con todo y sus limitaciones.
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APUNTEN
POR JORGE AVILA NUÑO
"El hombre que más ha vivido no es aquél que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida." JEAN JACQUES ROUSSEAU
ESA ADMIRABLE POLEMICA HUACALERA.
En los últimos días, han arreciado las opiniones de personajes tapachultecos que exteriorizan sus puntos de vista y que, sin duda alguna expresan lo que muchos ciudadanos quisieran decir. Uno de ellos menciona: “Desgraciadamente el quehacer político siempre empañael quehacer del buen gobierno. Las reuniones que se sostienen con diversos grupos son únicamente para llenar la agenda, no para resolver los problemas de fondo que aquejan a nuestro municipio. En estos días, se celebró un foro de consulta para integrar el plan de desarrollo municipal, desgraciadamente la cultura del copy-paste prevalece: la mayoría de los puntos a tratar son obtenidos de un documento denominado Agenda desde lo local: Descentralización estratégica para el desarrollo de lo local con enfoque de género.
El referido documento fue editado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer en el año 2007 y se basa en un estudio con enfoque de género. En dicho documento podrá observar que incluso el logo de la nueva administración municipal fue “fusilado” de dicho manuscrito, manifestando con ello que no existe gente creativa alrededor del nuevo presidente.
En la página 35 del estudio, podemos observar gráficamente los 40 indicadores que deben, a juicio del estudio, tener un municipio con calidad aceptable, desgraciadamente, hay indicadores que se omitieron por obvias razones, entre los que destacan: promotor de la protección civil, responsable del abasto de artículos básicos, étnico y socialmente incluyente, calidad educativa a nivel básico, vivienda digna, responsable del combate a la pobreza, entre otras.
Es otra vez iniciar una gestión de gobierno municipal con el desencanto de saber que no hay esperanza de que las cosas saldrán bien y si la certeza que nuevamente son 3 años perdidos y tirados a la basura, deseo por el bien de todos nosotros que enmienden el camino”
Otro ciudadano más, en el afán de llevar a cabo el inicio de una discusión que conlleve a soluciones practicascomenta: “El gobierno municipal de Tapachula presidido por SAMUEL ALEXIS CHACON, empieza a reflejar la inexperienciade sus jóvenes profesionistas al frente de las diversas secretarias. Esto lo comento por la nota de “luces, cámara y acción”. A quince días de haber iniciado la gestión municipal, aún no se ve acción; y pareciera ser que quieren justificarse con el pueblo diciendo que encontraron un municipio sin recursos financieros, llenos de baches, obras inconclusas, basura por doquier, en fin todos los problemas que le aquejan a nuestra ciudadanía.
Pero, esto lo sabían desde que andaban en campaña por lo tanto no se justifica en este momento, que al pueblo le quieran informar algo que está padeciendo.
Lo recomendable hubiera sido, que en el momento que obtuvieron la constancia de mayoría, el grupo de personasque asesoraron al presidente municipalpara realizar el plan de Gobierno Municipal, se hubiera contemplado hacer alianzas con los proveedores que tienen los recursos (que son muchos) para que el día uno de octubre que tomaron posesión, estos hubieran iniciado con obras de bacheo, rehabilitación de lámparas, recolección de basura por mencionar los servicios más abandonados por administraciones pasadas, en lo que se buscan las fuentes de financiamiento tanto internas como externas.
Los municipios en México, por disposición Constitucional (artículo 115, fracción IV), cuentan desde 1983, con la libertad para administrar su hacienda. El Instituto de Planeación Municipal debió haber identificado los problemas que aquejan a la ciudad y buscar la solución inmediata. Por ejemplo: Las diferentes fuentes de financiamiento que tiene un Ayuntamiento, que marcan las estadísticas, son las participaciones federales y las erogaciones extraordinarias, que generalmente es un porcentaje hasta de un noventa por ciento y la diferencia lo genera el municipio a través de sus ingresos propios.
Los ingresos propios del municipio, los dividiría, desde mi particular punto de vista, menciona el ciudadano, en dos importantes: los impuestos inmobiliariosy los cobros por servicios públicos. De los impuestos inmobiliarios diría que el único que se ha desarrollado razonablemente bien es el impuesto predial; los otros como pueden ser el traslado de dominio y todos los demás, son realmente incipientes, pero esta alternativa puede ser una alternativa importante para hacerse llegar de fondos. Toda vez que representa una fuente de ingresos muy poco explotada y muy poco trabajada por parte del municipio.
De conformidad con la fracción II del artículo 115, el Gobierno Municipal, está investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley. Por ejemplo el fenómeno del ambulantaje en la generalidad de los casos se desarrolla sobre bienes de uso común del dominio público propiedad del municipio. En efecto, las calles, parques y jardines en la generalidad de los casos son propiedad del ámbito de gobierno municipal, y en estos espacios públicos es donde se desarrolla el comercio ambulante; y este podría ser una primera instancia de regularlos y obtener recursos propiosofreciendo descuentos importantes para las arcas municipales. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el artículo 5 constitucional consagra la libertad de trabajo que se identifica con la libertad del comercio”
Hasta aquí, los comentarios de estos dos ciudadanos y ahí queda abierta la posibilidad para que usted amable lector, al igual que ellos comente, sugiera, opine lo que desee.
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Ofrecen aulas para clases extramuros en la Unicach
Por: JORGE ANTONIO PAZ TENORIO.Consecuente con el interés de la sociedad chiapaneca de recibir desarrollo integral a través de la educación, superando los desafíos históricos de rezago, traduciéndolos en calidad y competencias para la vida cotidiana, el Gobierno del Estado ha mostrado su preocupación ante la ausencia de clases en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) que afecta el desarrollo académico de los jóvenes.
Ante ello, es menester dar continuidad a la ruta de la calidad educativa que ha alcanzado la institución, por lo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, proporcionará las aulas necesarias en instituciones alternas para que los alumnos y profesores puedan reiniciar las actividades académicas lo antes posible, atendiendo la puntual petición del Consejo Universitario unicachense.
A fin de respetar la diversidad y la pluralidad, propias de una cultura democrática, lo que alcanza su máxima expresión en los espacios universitarios, donde se construyen de manera creativa, libre y autónoma las ideas, los valores y las prácticas que le dan sentido a la vida personal y colectiva de las comunidades universitarias chiapanecas, el Gobierno de Chiapas se compromete a garantizar que por ninguna razón será utilizada la fuerza en el actual proceso de diálogo y construcción de acuerdos.
Finalmente, el Gobierno del Estado de Chiapas manifiesta que cuidará los intereses de toda la comunidad universitaria hasta alcanzar los consensos necesarios, exhortando al mismo tiempo a los manifestantes a realizar un esfuerzo extraordinario para llegar a los acuerdos que permitan arribar a la normalidad universitaria de la Unicach. Por lo tanto, sólo se intervendría a petición del Consejo Universitario, por alguna afectación o daños a terceros.
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Ante ello, es menester dar continuidad a la ruta de la calidad educativa que ha alcanzado la institución, por lo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, proporcionará las aulas necesarias en instituciones alternas para que los alumnos y profesores puedan reiniciar las actividades académicas lo antes posible, atendiendo la puntual petición del Consejo Universitario unicachense.
A fin de respetar la diversidad y la pluralidad, propias de una cultura democrática, lo que alcanza su máxima expresión en los espacios universitarios, donde se construyen de manera creativa, libre y autónoma las ideas, los valores y las prácticas que le dan sentido a la vida personal y colectiva de las comunidades universitarias chiapanecas, el Gobierno de Chiapas se compromete a garantizar que por ninguna razón será utilizada la fuerza en el actual proceso de diálogo y construcción de acuerdos.
Finalmente, el Gobierno del Estado de Chiapas manifiesta que cuidará los intereses de toda la comunidad universitaria hasta alcanzar los consensos necesarios, exhortando al mismo tiempo a los manifestantes a realizar un esfuerzo extraordinario para llegar a los acuerdos que permitan arribar a la normalidad universitaria de la Unicach. Por lo tanto, sólo se intervendría a petición del Consejo Universitario, por alguna afectación o daños a terceros.
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