Como si la ficción se le escapara de la pantalla grande, Bruce Ainsley Beresford Redman protagoniza el papel de villano que jugó la atractiva actriz Ashley Judd en la película “Doble Traición” (Double Jeopardy), donde la mujer es acusada del homicidio de su marido a bordo de un yate. El film, que se estrenó en 1999 bajo la dirección de su homónimo el cineasta australiano Bruce Beresford, ahora se ha apoderado de la realidad de Bruce Ainsley, recientemente encarcelado por el presunto asesinato de su esposa, la brasileña Mónica Burgos, cometido hace casi dos años en un viaje de reconciliación marital a Cancún.

Los hechos por los cuales Bruce Ainsley fue extraditado de Estados Unidos y hoy permanece recluido en el penal de Cancún, se suscitaron el 5 de abril de 2010 en la habitación 7816 del Edificio Pelícano del hotel Moon Palace, donde de acuerdo a peritajes oficiales se perpetró el crimen. De origen, la investigación fue sesgada al grado de que Beresford Redman evadió la cárcel y tuvo las facilidades para huir libremente del país a pesar de que había una investigación en su contra.

Misteriosamente comenzaron a desaparecer parte de las “pruebas sensibles” del caso y los peritos asignados recibieron la orden de “bajarle” a las investigaciones. Eran tiempos en que en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo mandaba el polémico Francisco Alor Quesada.

La leyenda urbana apunta a que Alor Quesada había recibido cinco millones de dólares para dejar libre al productor de televisión. A cambio le facilitaron una avioneta para abandonar, a hurtadillas, el país. Pero la “verdad histórica” de los hechos, la que valora el Juzgado Segundo Penal, por el momento considera que hay elementos suficientes para acreditar que Bruce Ainsley asesinó a su esposa asfixiándola con algún objeto blando como “pudiera ser su propia ropa”.

Un total de 19 pruebas indiciarias fueron las que tomó en cuenta la juez Geny Alicia Cajún Alonzo para llegar a la anterior conclusión y ordenar el auto de formal prisión contra Beresford Redman. Para reconstruir el caso, ante la desaparición de algunas pruebas, el actual procurador Gaspar Armando García Torres movilizó un equipo que rastreó los peritajes que en su momento realizaron tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como peritos militares.

Así fue como la juez Cajún Alonzo tuvo en sus manos, entre otras pruebas, testimonios de trabajadores del hotel y familiares de la víctima que narran episodios violentos entre la pareja antes de que el propio Bruce Ainsley alertara sobre la desaparición de su esposa. También existen diversas fotografías y peritajes de los rastros de sangre que indican que la mujer fue asfixiada en la tina de jacuzzi de la habitación para después abandonar su cuerpo en la cisterna de aguas residuales del hotel.

Además, como otra evidencia, se supo que el ahora preso entró y salió de la habitación 11 veces entre la madrugada del 5 y 6 de abril de 2010, según se desprende de los reportes del número de veces que abrió y cerró la puerta, lo cual se pudo determinar a partir de los registros de la banda magnética de las cuatro tarjetas que tenía Bruce Ainsley para entrar a la habitación.

Todo apunta a que el crimen se cometió al interior de la habitación la noche del 5 de abril, previamente en un restaurante del hotel, Bruce Beresford intentó golpear a su mujer.

La escena del crimen

El expediente 216/2010 señala que el levantamiento de cadáver se llevó a cabo el 8 de abril de 2010. En la habitación 7816 del edificio 78, conocido como Pelícanos, elementos de policía judicial hallaron sobre la cómoda los pasaportes de la pareja, sus documentos migratorios y una cinta industrial color gris.

El dictamen pericial de la necropsia, a cargo del doctor Roberto Ríos Ponce, perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales de la subprocuraduría Zona Norte concluyó que “Mónica Burgos falleció por asfixia por sofocación (…) probablemente el día 5 de abril, alrededor de las 23 horas”.

El dictamen de Mecánica de Lesiones realizado por la doctora Ariadna Méndez García, perito médico oficial de la delegación estatal de Quintana Roo y el dictamen de la necropsia realizado por el doctor Roberto Ríos Ponce, de la Procuraduría General de Justicia estatal, determinaron que las lesiones a la víctima, “fueron producidas por puño en la cara, mientras que las de glúteo se debieron a proyección; es decir, al tener contacto con una superficie dura como una bañera-
jacuzzi”.

La herida en la cabeza fue provocada por un golpe “compatible con un objeto de bordes irregulares, duro y de consistencia sólida, por ejemplo, un tubo metálico, un bat o un palo”.

En la habitación se encontró una playera de color naranja, “recién lavada, siendo notoria una mancha de color oscuro en la parte frontal izquierda; al interior del jacuzzi había una playera color gris con manchas de líquido rojo en la parte frontal”.


José Jesús Cepeda Valderas, Mayor de Justicia Militar Criminalista en retiro, determinó que “la mujer perdió la vida por sofocación provocada por un instrumento blando como pudiera ser su propia vestimenta”.

Los testigos presenciales

El 8 de abril Enrique Arena López, supervisor de mantenimiento del hotel, rindió su declaración. Fue él quien halló el cadáver flotando en la cisterna. Jean Ferreira Burgos, hermana de la occisa, refirió que Mónica Burgos y Bruce Beresford “habían tenido algunos problemas en su matrimonio, toda vez que su hermana había descubierto que su esposo mantenía una relación con Joy Pierce”.

Dijo que el 30 de marzo, su hermana le contó los planes para vacacionar en México. Mencionó que su esposo había conseguido la habitación “con jacuzzi”. Ya tenían los boletos y saldría al día siguiente; es decir, el 31 de marzo. El 6 de abril recibió una llamada telefónica de su cuñado, quien le informó que su hermana se encontraba desaparecida. Jeane Burgos inquirió a Beresford si había llamado ya a su celular y él contestó que su hermana lo había olvidado en la habitación.

Ella viajó a Cancún el 7 de abril. Al llegar al hotel, algunos policías le comentaron “que tenían información de que su cuñado había salido del cuarto durante la madrugada 11 veces y que había comentado que una de las cuatro tarjetas que les habían dado en el hotel la traía su hermana consigo; pero al verificar, notaron que él había utilizado las cuatro tarjetas, incluso después de la desaparición de su hermana.

El expediente también contiene la declaración de la concierge, Bertha Angélica Arroyo Ramírez, quien declaró que a las 08:30 horas del 5 de abril, una pareja de extranjeros ingleses de apellido Cook le reportaron que sus hijos detectaron que los huéspedes de la habitación 7816, ubicada arriba de la habitación de sus hijos hacían mucho ruido y “los terribles ruidos” los habían despertado.

El incidente fue reportado al supervisor de seguridad, Luis de los Santos en una hoja de papel escrita en inglés; vía telefónica un empleado de apellido Arroyo Ramírez se comunicó a la habitación en la que contestó Bruce Beresford. Al conocer la queja de los huéspedes y al ser interrogado si todo estaba bien, respondió textualmente “Sí, es verdad, lo que sucede es que estaba discutiendo con mi esposa, por el comportamiento de nuestros hijos, pero no volverá a ocurrir”.

El documento de 55 fojas deja ver que el inculpado Beresford Redman cayó en contradicciones; ya que, basado en sus primeras declaraciones de que su mujer había salido del hotel, lo lógico sería que descartaran la posibilidad de encontrarla dentro del hotel. Sin embargo, lo elementos de seguridad se dedicaron a buscarla adentro porque sabían que ella no había salido.

También rindió su declaración el camaristo Carlos Mario Vázquez Olan quien refirió que alrededor de las 15:00 horas reportó a la oficina de ama de llaves que la habitación 7816 tenía la tarjeta en la puerta de madera de “no molestar”. Al día siguiente, el empleado realizó la limpieza. Le pareció que las camas estaban separadas, los juguetes y libros estaban ordenados, cuando días antes “siempre encontraba desorden en la habitación”.

Erick Uriel González Reyes, responsable de operación y mantenimiento de áreas y servicios de la fase Moon Grand del hotel, declaró que el 4 de abril se percató que el hombre que acompañaba a una huésped intentó agredirla físicamente en un restaurante pero se detuvo.

Al ser interrogado por el agente de la policía judicial, Juan Gabriel Chuc May, el presunto homicida refirió primero que había tenido una fuerte discusión con su esposa por el comportamiento de sus hijos y posteriormente declinó contestar si no se encontraba presente su abogado y el cónsul de su país.

De acuerdo con el Dictamen de Criminalística fueron hallados 19 indicios; entre ellos, secuencias de maculaciones rojizas en las columnas de la habitación, barandal, afuera del acceso peatonal de la habitación.

Las pruebas concluyeron que “al momento de realizar la diligencia, se observó que el lugar no fue protegido ni preservado como lo indica la Criminalística; sin embargo, luego de la posible pérdida o alteración de material sensible significativo, los indicios recabados fueron debidamente fijados, levantados y embalados; concatenándose el dictamen de Química Forense realizado por el Q.F.B. Jorge Barragán Vargas, perito químico adscrito a la coordinación estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República”.

Rodolfo Mogo Almeida, asistente de seguridad declaró que el hotel tiene un estricto control de vigilancia y seguridad y es prácticamente imposible que no exista registro de una salida o un ingreso.

El regreso de Bruce Beresford

La trama de este thriller incluye que el 8 de febrero de 2012, proveniente de una prisión federal en Los Ángeles California, Estados Unidos, el presunto homicida arribó al aeropuerto de Cancún. Esa madrugada, la temperatura había descendido y llovía. Por la noche, el ex productor de “Survivor” durmió en la cárcel de Cancún.

El día 13 de febrero de 2012, asistido por un traductor, Bruce Beresford Redman declaró ante la autoridad judicial que no estaba de acuerdo con lo que declaró el 6 y 7 de abril de 2010, la primera fecha, corresponde al día que compareció ante el Ministerio Público para informar la desaparición de su esposa Mónica Burgos; la segunda, al rendir declaración en calidad de presentado.

Si bien reconoció sus firmas, rechazó ser la persona que mató a Mónica Burgos, a quien dijo amar.
Declaró haber sido presionado para confesar que él la había matado; sin embargo, no pudo precisar qué tipo de autoridades lo presionaron.

El dictamen

El miércoles 15 de febrero de 2012, la juez Geny Alicia Cajún Alonzo resolvió dictar el auto de formal prisión contra Bruce Ainsley Beresford Redman, como probable responsable del delito de homicidio calificado a su esposa, Mónica Burgos Beresford Redman.

Con el cúmulo de indicios que lo señalan como el homicida, ahora Bruce Beresford deberá comprobar su presunta inocencia y convencer al juzgado de que las pistas que apuntan a su supuesta culpabilidad son pura ficción.
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En los últimos días, los ojos del mundo se centraron en el proceso judicial en contra del juez Baltazar Garzón. La prensa mundial también se ocupó del caso. No es para menos. Es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos y que se ha distinguido por perseguir crímenes internacionales.

Por tal motivo, la semana pasada cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra el Tribunal Supremo de España y en defensa del asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes.

No es poca cosa el palmarés de Baltazar Garzón, con más de una veintena de doctorados Honoris Causa por varias universidades españolas y del extranjero y una reputación ganada a pulso por procesar a conspicuos sátrapas y genocidas como Pinochet. Y otros a quien tenía en la mira como a Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia a quien en 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar cuando éste se desempeñaba como miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.

El caso Garzón me recuerda al proceso que en su momento enfrentó en Francia el capitán Alfred Dreyfus y un tanto el caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez, por proponer en México un ombudsman para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? El abuso de poder y la conjura de los poderes fácticos.

La revelación del escándalo en Yo acuso (J’accuse), un artículo de Émile Zola en 1898, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que, en el momento de su apogeo en 1899, revelaron las fracturas profundas que subyacían en la Tercera República Francesa. Dividió profunda y duraderamente a los franceses en dos campos opuestos, los pro y los contra a Dreyfus y reveló la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo difundido por una prensa sumamente influyente. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la iniquidad en nombre de la razón de Estado.

El caso Dreyfus tuvo como origen un error judicial, sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo, en el que la víctima fue el capitán Dreyfus que marcó un hito en la historia del antisemitismo. Enjuiciado por un tribunal militar por el delito de alta traición, Dreyfus fue condenado a prisión perpetua y desterrado en la Colonia penal de la Isla del Diablo en la costa de la Guayana francesa.

Convencida de la arbitrariedad de la condena, la familia del capitán, con su hermano Mathieu al frente, intentó probar su inocencia y para ello recurrieron a los servicios del periodista Bernard Lazare. Simultáneamente, el coronel Georges Picquart, jefe del servicio de contraespionaje, comprobó, en marzo de 1896, que el verdadero traidor había sido el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picquart de Francia destinándolo al norte de África.

A pesar de las intrigas del ejército para evitar la revisión, en 1898 el Tribunal Supremo reabrió el caso y al año siguiente anuló la sentencia que condenó a Dreyfus, ordenando realizar un nuevo Consejo de Guerra, que se efectuó en Rennes ese mismo año. Contra todo pronóstico, Dreyfus fue condenado otra vez, ahora a diez años de trabajos forzados, aunque en este fallo el tribunal mencionó que existían «circunstancias atenuantes».

Diez días después, agotado y con su salud quebrantada por cuatro largos años de prisión en condiciones inhumanas, Dreyfus aceptó el indulto que le concedió el presidente Émile Loubet. En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una sentencia que anuló el juicio de 1899, sin reenvío para realizar un nuevo juicio, y decidió la rehabilitación del capitán Dreyfus, decisión inédita y única en la historia del derecho francés.

Rehabilitado, el Capitán Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de Comandante, participando luego en la Primera Guerra mundial. Con la dignidad en alto, Dreyfus falleció en 1935.

La siguiente es la carta abierta de Émile Zola al presidente de Francia M. Felix Faure y publicado por el diario L’Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana a favor del capitán Alfred Dreyfus:

“Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante –quiero suponer inconsciente– del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta tres años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Billot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus, y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de Guerra un arca santa, inatacable. Acuso al general Pellieux y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los tres peritos calígrafos, los señores Belhomme, Varinard y Couard por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de Guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en L’Éclair y en L’Echo de Paris una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Y por último: acuso al primer Consejo de Guerra, por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra, por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación. Y voluntariamente me pongo a disposición de los Tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Émile Zola”, París, 13 de enero de 1898. Esta carta le costó a Zola el exilió en Londres, donde vivió en secreto.

El del general José Francisco Gallardo fue un caso sin precedentes en la justicia mexicana. En pleno salinato, la represión en su contra partió cuando el militar presentó una tesis de maestría titulada “La necesidad de un ombudsman militar en México”.

El delito consistió en haberla publicado en la revista Forum, una modesta publicación mensual. Por ese motivo, Gallardo estuvo más de diez años en prisión. Se le fincaron innumerables delitos, 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos imputados.

Gallardo interpuso 17 amparos en materia penal y 20 en materia administrativa contra actos de la autoridad militar a lo largo del proceso que se le siguió desde 1993. Ante el abuso de la autoridad su caso fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación al gobierno mexicano para que fuese liberado.

La Suprema Corte de Justicia de la ación concedió amparo al general Gallardo Rodríguez a fin de mantener su grado militar, el cual le había sido cancelado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades militares le exigieron la entrega de las patentes o constancias de sus grados militares a fin de proceder a su cancelación, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Militar.

Además, le habían prohibido que no usara las insignias de General Brigadier, retirado su salario y apercibido que no firmara con su grado de general, ya que de hacerlo se haría acreedor al cargo de usurpación de funciones.

Un claro ejemplo de abuso de poder de las autoridades militares. El caso Gallardo dejó en claro tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ninguna institución de Estado, ni el Ejército, debe eximirse de la crítica y del escrutinio social.

El debate en torno al caso Gallardo motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, dictaminara que la autoridad militar utiliza las instituciones de justicia para un fin distinto para el cual fueron concebidas, realizando actos con apariencia legal; al debate se sumaron la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, Pen Internacional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la Unión y las organizaciones no gubernamentales mexicanas, todas bajo el pronunciamiento por la desaparición de la jurisdicción militar para esclarecer los crímenes del pasado y terminar con las graves y sistemáticas violaciones a los derechos civiles.

Ahora el caso Garzón pone ante la historia a España como nación. De manera inaudita la justicia española –si se le puede llamar así– por primera vez procesa a un juez por defender los derechos humanos. Dos de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hicieron un llamado al gobierno de España, las que coincidieron en señalar que “la obligación de cualquier Estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo”.

Los principales diarios del mundo reaccionaron con indignación ante el proceso a Garzón. La inhabilitación de Baltazar Garzón “es una persecución por motivos políticos”, tituló The Guardian. “Una injusticia en España”, apuntó The New York Times. Le Figaro, tituló su portada “Superjuez”, The Times lo calificó como “El juez de las cruzadas”.

Baltazar Garzón se convirtió en una figura emblemática de la justicia. Su actuación rebasó las fronteras. Combatió al crimen organizado, lo mismo que al terrorismo, los abusos del poder y crímenes de lesa humanidad. A principios de los noventa se enfrascó en combatir a los cárteles de las drogas, encabezó las operaciones antidrogas “Nécora” y “Pitón” desarticulando a dos poderosas bandas de narcotraficantes que operaban en Galicia. Fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre la Droga, alcanzando el rango de secretario de Estado.

En cuanto al terrorismo fue implacable con los grupos vinculados a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por lo que los partidarios de País Vasco y Libertad lo señalaron de criminalizar a las organizaciones independentistas, entre ellas a varias editoriales y periódicos de la izquierda nacionalista vasca. Lo cuestionaron por guardar silencio ante más de 200 casos documentados de tortura de los separatistas.

Sin embargo, Garzón también actuó con mano firme ante las organizaciones de la ultraderecha y las mafias políticas vinculadas al Partido Popular, que fue lo que desató una campaña de odio en su contra y un proceso judicial sin precedentes que lo llevaron a partir del 14 de mayo de 2010, ha ser suspendido cautelarmente en sus funciones de juez de la Audiencia Nacional por decisión del Consejo General del Poder Judicial. El motivo: haber ordenado unas escuchas en la cárcel de Carabanchel entre los acusados de una gran red de corrupción, conocida como caso “Gürtel” y que involucra a decenas de políticos vinculados al gobernante Partido Popular, que encabeza el presidente Mariano Rajoy.

El empresario Francisco Correa Sánchez, el Carleone español, dirigía varias empresas muy estrechamente vinculadas al Partido Popular (PP), entre ellas Special Events, que durante algunos años organizó importantes eventos del partido cuyo gobierno lidera Mariano Rajoy.

En su alegato Garzón hizo saber que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y lavando dinero desde la prisión. Los integrantes del Tribunal Supremo acusan a Garzón del delito de “prevaricación” por haber ordenado las escuchas, que esta autoridad considera “ilegales” por lo que exigen una pena de 11 años de inhabilitación y pérdida definitiva del cargo que ostenta.

No obstante el punto medular del proceso en su contra lo constituye, además, el haberse declarado competente desde el año 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo.

Garzón tocó las fibras más sensibles de la ultraderecha española, que ahora detenta el poder político y, que para su desgracia, le ha jugado una vendetta con el proceso judicial en su contra que ha puesto a España en el escándalo por todo lo que ello representa, para un país que demuestra que aún no cicatrizan las heridas de su pasado reciente y que pone en jaque a sus instituciones y a la democracia española.

Detrás de las acusaciones a Garzón ante el Tribunal Supremo están los grupos fascistas aglutinados en torno a la ultraderechista Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) y las no menos fascistas y ultraderechistas Manos Limpias, y la asociación Igualdad e Identidad.

Garzón no está solo, son varios los magistrados del Tribunal Supremo que defienden su causa y que saben que se trata de un caso de ignominia. En palabras del ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el caso Garzón puede ser resumido así: “Es un golpe a la democracia 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder
Judicial cómplice”.

En palabras de la organización Human Rights Watch resume así el caso Garzón: “Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima de España. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país… Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento de un juez de investigarlos”.

*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.